La salida de Demian Reidel del directorio de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima no cerró la crisis interna de la empresa. Por el contrario, dejó al descubierto un panorama de salarios en retroceso, pérdida sostenida de técnicos y profesionales y una serie de contrataciones que generan fuertes cuestionamientos entre los trabajadores.

“Al inicio de este ciclo, nuestros salarios superaban a los de Toyota”, explica Damián Straschenko, secretario adjunto de Luz y Fuerza Regional Zárate, en referencia a la histórica comparación entre la central nuclear y Toyota, dos de los mayores empleadores de la zona. Hoy, según detalla, el sueldo de un ingresante en la automotriz casi duplica al de la empresa nuclear, que además dejó de incorporar personal. De una dotación de 3.300 trabajadores a comienzos de 2024, actualmente quedarían alrededor de 2.800.

El deterioro impacta de lleno en Lima, la localidad del partido de Zárate cuya vida económica y social gira en torno a la central. Allí, el malestar no se limita a la cuestión salarial: los trabajadores denuncian que el ajuste se aplicó con dureza sobre los sueldos, pero no sobre determinadas compras y contrataciones. “Recursos hay, eso se nota”, sostiene Mariano Saleh, delegado de ATE.

El episodio que precipitó la renuncia de Reidel estuvo vinculado a un contrato de limpieza con sobreprecios del orden de 140 puntos, pero no fue un caso aislado. Entre los ejemplos más graves aparece la implementación del software de gestión SAP. Durante la gestión anterior se había aprobado un presupuesto de 600 mil dólares para ese trabajo. Sin licitación, el gasto se multiplicó casi por 12 y ya se habrían desembolsado unos 7 millones de dólares, sin que el sistema funcione correctamente.

A esto se suman compras millonarias de scanners, portales y lectores de huellas que permanecen almacenados por incompatibilidad con los sistemas existentes. “Milei no va a denunciar a Reidel”, afirma Straschenko, aludiendo a la cercanía del exdirector con el presidente Javier Milei y a su rol previo como asesor económico.

La preocupación principal, sin embargo, apunta al futuro de la empresa. NASA se encuentra en proceso de valuación de activos, paso previo a una posible privatización. “Ellos te lo dicen en la cara: que esto no es rentable y que hay que privatizarlo ya”, advierte Saleh. En ese marco, los trabajos de extensión de vida de Atucha I avanzan con fuertes demoras por la falta de financiamiento. El proyecto, que debía concluir en marzo de 2027, podría estirarse hasta fines de 2028.

Los trabajadores señalan además la falta de planificación y la dependencia de insumos importados, cuando parte de esos componentes podrían haberse desarrollado en el país. En ese esquema, la empresa mendocina IMPSA había sido pensada como proveedor estratégico, pero tras su privatización quedó fuera del circuito.

El futuro del Carem

La incertidumbre también rodea al proyecto Carem, el reactor modular de diseño nacional. “Si la obra civil sigue en pie es por la vocación de quienes la sostienen”, grafica Straschenko. El reactor podría abastecer ciudades, regiones aisladas, parques industriales o centros de datos, e incluso utilizarse para la potabilización de agua de mar.

Según estimaciones previas de la CONEA, cada unidad tendría un valor internacional cercano a los 1.000 millones de dólares y un mercado potencial de hasta 200 reactores. Para especialistas del sector, abandonar el proyecto implica resignar soberanía tecnológica y estratégica, en un contexto en el que solo China, en alianza con Brasil, avanza en desarrollos similares.