Mientras el Gobierno nacional acelera los tiempos para convertir en ley la reforma laboral en la Cámara de Diputados, la Unión Obrera Metalúrgica se posiciona como uno de los gremios industriales más duros frente a la iniciativa y exige a la Confederación General del Trabajo una reacción de mayor peso.

El proyecto ya fue aprobado por una amplia mayoría en el Senado y, según adelantó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el oficialismo buscará que el texto avance en la Cámara Baja sin modificaciones, con el objetivo de evitar que vuelva a la cámara de origen y se dilate su sanción definitiva.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada, el oficialismo pretende cerrar el trámite antes del final del período de sesiones ordinarias. En ese marco, no se descarta que el próximo miércoles se emita dictamen de comisión y que el jueves el proyecto sea llevado al recinto para su aprobación final.

Frente a este escenario, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, informó que el gremio convocó de urgencia a su secretariado nacional, del cual surgió un “mandato” claro que será presentado ante la CGT: exigir un paro general con movilización para el jueves. Además, adelantó que la UOM detendrá sus actividades ese día, independientemente de la definición de la central obrera.

“Creemos que esto todavía se puede resolver de manera favorable para los trabajadores. El Gobierno apura los tiempos porque, con el correr de las horas, la sociedad empieza a advertir que teníamos razón al señalar que este proyecto es totalmente regresivo y no aporta ningún beneficio para quienes viven de su trabajo”, sostuvo Furlán.

Cabe recordar que el miércoles pasado, cuando la iniciativa fue tratada en el Senado, se realizó una movilización frente al Congreso sin paro general. De la protesta participaron la CGT y las dos CTA, estas últimas con medida de fuerza, pero la jornada terminó de manera abrupta tras incidentes entre manifestantes encapuchados y la policía, hechos que actualmente son investigados por la Justicia.

La aprobación del proyecto también expuso tensiones internas entre el Poder Ejecutivo y sus propios representantes parlamentarios, especialmente por la modificación del régimen de licencias por enfermedad, que contempla descuentos salariales de entre el veinticinco y el cincuenta por ciento para quienes no estén en condiciones de asistir a su puesto de trabajo.

En paralelo, dentro de la oposición y del movimiento sindical conviven posturas enfrentadas sobre la estrategia a seguir. Mientras un sector gremial más combativo impulsa el paro como única respuesta posible, otros dirigentes apuntan a la conducción de la CGT y deslizan la existencia de negociaciones reservadas con el Gobierno para evitar una confrontación mayor, a cambio de concesiones vinculadas al financiamiento sindical y al sostenimiento de las obras sociales.