Una jornada marcada por la tensión y la violencia se vivió en el Congreso de la Nación durante las protestas contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. En medio del operativo policial desplegado frente al Palacio Legislativo, efectivos reprimieron a periodistas que cubrían los incidentes con gas pimienta y detuvieron a un camarógrafo.

El episodio ocurrió luego de que la Policía Federal arrestara a 12 activistas ambientalistas que habían ingresado al predio legislativo como parte de una acción de protesta. Los manifestantes habían trepado la reja y se ubicaron en la escalinata, sentados sobre inodoros, como forma de rechazo a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

En ese contexto, los trabajadores de prensa que registraban la intervención policial también fueron alcanzados por la represión. Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal América, fue reducido por los efectivos en medio de empujones, golpes y el uso de gas pimienta. El momento quedó registrado en una transmisión en vivo.

“Estábamos trabajando, lo agarraron del cuello y lo quisieron sacar”, relató un colega del camarógrafo detenido. El propio Tedeschini denunció la agresión y afirmó que los efectivos avanzaron sin previo aviso contra los equipos periodísticos. Tras ser empujado, el trabajador intentó reincorporarse mientras sostenía su cámara, pero fue rodeado por los uniformados, que lo detuvieron. Presentaba golpes visibles en el rostro y sangrado.

La escena generó indignación entre los periodistas presentes, quienes comenzaron a reclamar por su liberación y a cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Minutos antes, otro episodio había encendido las alarmas: efectivos le habían quitado el celular a un motociclista camarógrafo del canal TN mientras registraba los hechos. El dispositivo fue devuelto recién tras la intervención de Diego Salas, vocero de Greenpeace, quien acompañaba la protesta ambientalista.

La movilización fue impulsada por organizaciones ecologistas que rechazan el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una normativa vigente desde 2010 que prohíbe actividades extractivas en zonas glaciares y periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce.

Desde Greenpeace advirtieron que cualquier modificación que reduzca los estándares actuales podría afectar gravemente la seguridad hídrica del país. La especialista en biodiversidad de la organización, Agostina Rossi Serra, sostuvo que debilitar la protección de los glaciares implicaría un retroceso con consecuencias directas sobre el acceso al agua para millones de personas y sobre los compromisos ambientales asumidos por Argentina frente a la crisis climática.

La represión contra activistas y trabajadores de prensa volvió a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas, especialmente cuando afecta el derecho a la protesta y el ejercicio del periodismo.