El juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, dictó una resolución inusual y de fuerte impacto: ordenó al IOMA cubrir de manera inmediata la cirugía de implante coclear para un niño y estableció que, si vuelve a incumplir, cada integrante del Directorio deberá pagar de su propio bolsillo una multa diaria de 50.000 pesos. La medida llega después de casi un año de dilaciones que paralizaron un tratamiento considerado urgente por los médicos tratantes.

El conflicto llegó a la Justicia tras la presentación realizada por la madre del menor identificado como JCG. El pedido contaba con todas las aprobaciones necesarias, incluida la conformidad del propio IOMA para realizar la intervención en la Clínica 25 de Mayo, en Mar del Plata. Sin embargo, el pago nunca se concretó y la cirugía quedó frenada desde el 28 de noviembre de 2024, fecha en que se inició el amparo.

En mayo de este año, el juzgado ya había intimado a la obra social a resolver la situación en un plazo de cinco días y había fijado una multa de 50.000 pesos por cada jornada de demora. Pero el incumplimiento se sostuvo, lo que llevó al magistrado a adoptar una sanción aún más drástica: responsabilizar de manera personal a los directores del organismo.

En su escrito, Masi remarcó que la secuencia de plazos vencidos, requerimientos ignorados y excusas acumuladas demostraba una conducta dilatoria incompatible con el derecho del niño a una vida digna. “El tiempo transcurrido y los innumerables plazos otorgados al IOMA, sumado al perjuicio que la demora causa en la salud de un menor, impide conceder nuevos márgenes de espera”, sostuvo.

Con base en esa evaluación, el juez ordenó que el IOMA pague la totalidad de la cirugía de implante coclear, incluidos los gastos complementarios considerados indispensables, dentro de los cinco días posteriores a la presentación del nuevo presupuesto.

La parte más contundente del fallo establece que, ante un nuevo incumplimiento, cada miembro del Directorio deberá depositar 50.000 pesos por día de mora, con la advertencia expresa de embargo y ejecución patrimonial. Esa sanción personal —inusual en fallos vinculados a obras sociales estatales— había sido suspendida de manera provisoria cuando el organismo informó la compra del implante. Sin embargo, la persistencia de las demoras llevó al magistrado a reactivar la medida y firmar una resolución que representa un fuerte llamado de atención institucional.